te. Y es que los casos denunciados crecen como una bola de nieve, sobre todo desde la exhumación en Donostia en la que no se hallaron restos biológicos de la pequeña Rebeca Losa Ocáriz. Su trabajo, al que se dedica a tiempo completo, se centra en Gipuzkoa, donde hay más de 350 denuncias. De ellas, alrededor de 130 ya están siendo investigadas y 9 han sido archivadas.Desde que se cometieran los supuestos robos de bebés han pasado dos, tres e incluso cuatro décadas. ¿Preocupa la prescripción a las familias afectadas?
El paso del tiempo sin duda va a suponer un problema importante para que se pueda esclarecer todo esto, pero este extremo no nos lo planteamos en términos de prescripción, sino en términos de dificultad para la investigación, para poder tomar declaración a posibles imputados o para conseguir los medios probatorios suficientes como para que se abra una vista oral contra posibles implicados.
Esta no es una cuestión subjetiva, es la propia Audiencia Provincial de Gipuzkoa la que está marcando el camino en este sentido, y también una orden del anterior fiscal general del Estado, el señor Conde-Pumpido, que abogan porque se investigue hasta el final y no plantearse la prescripción.
Somos conscientes del problema que supone el paso del tiempo, pero no puede ser un muro infranqueable para que desistamos en nuestro trabajo de encontrar la verdad. Hasta que desde los tribunales no se nos diga que un delito concreto ha prescrito, seguiremos investigando.
¿En qué casos no prescribe un delito?
Los que no prescriben, y es en la dirección en la que estamos trabajando, son los delitos cometidos contra la humanidad. Últimamente se ha hablado de los denominados delitos de «lesa humanidad», al tratarse de desapariciones de personas que se han alargado en el tiempo. Podríamos hablar de un delito continuado, de una retención ilegal que a día de hoy perdura.
¿Cuántas personas han sido llamadas a declarar hasta ahora?
A mí me constan cuatro que a día de hoy ya hayan declarado en calidad de imputados: tres en Gipuzkoa y una en Bizkaia. No obstante, nuestro despacho no lleva el 100% de los casos, así que solo puedo hablar de los que nos constan a nosotros.
Este mes declararán en Donostia un ginecólogo y una matrona relacionados con un caso de 1975, pero la información al respecto es muy limitada.
A veces amparados, y otras veces desgraciadamente obligados por el secreto de sumario, no podemos dar más información. No puedo decir qué día ni quiénes son los que van a declarar como imputados, pero confirmo que, efectivamente, así será.
Algunos historiales e informes médicos de las personas afectadas están firmados con el nombre y los apellidos del personal sanitario. ¿Se está investigando a estas personas en el caso de que aún vivan?
El hecho de que haya habido declaraciones de personas en calidad de imputados, y que en breve lo harán dos más, nos indica que, efectivamente, se está investigando a posibles implicados. En lo que a nosotros respecta, como afectados, estamos haciendo las investigaciones que consideramos oportunas, pero es cierto que tenemos las manos atadas y, por lo tanto, muchas limitaciones para investigar porque no tenemos los medios que tiene el poder judicial.
¿Qué ocurre si quienes han firmado los informes han fallecido? Es evidente que existe esa posibilidad.
Por supuesto que sí, pero el sistema que tenemos, y considero que es bueno que así sea, contempla que la muerte exime la responsabilidad penal. Quizá sea un poco aventurado, pero no es una barbaridad decir que podríamos llegar a una situación en la que se declare la existencia de ese delito pero que no haya nadie a quien encausar porque ha fallecido. No obstante, que alguien haya fallecido no quiere decir que ese delito no se haya cometido; se puede conseguir una declaración que confirme que el delito existió.
¿Qué supuso la exhumación en Polloe donde debían estar los restos de Rebeca Losa Ocáriz?
Mediáticamente una exhumación de estas características es muy importante porque confirma la existencia de un delito. Pero, por otro lado, jurídicamente hay cientos de diligencias más que se pueden hacer. Una exhumación ayuda, pero hay otras muchas maneras de demostrar la criminalidad de todos estos casos.
¿Qué condiciones se tienen que dar para que un juez ordene la exhumación?
No hay una chispa que se enciende y que al juez le haga ver que es necesario exhumar. Es decir, el hecho de que el juez vea la necesidad de abrir una tumba o un panteón viene derivado de un cúmulo de diligencias.
Hasta que ha pasado todo esto [en alusión al caso de la familia Losa-Ocáriz] las exhumaciones eran contadas porque no es una diligencia habitual. Ahora se convertirá en algo más cotidiano y parece probable que en los próximos meses se exhume más de lo que se ha exhumado en los meses anteriores.
¿Cómo es la relación con las clínicas privadas y los hospitales públicos?
En las últimas semanas hemos constatado otra actitud desde el estamento médico privado, pero nos sigue faltando mucha documentación. Documentación que aseguran no existe porque desapareció en un traslado o por las inclemencias del tiempo, incluso algún incendio...
¿Cree que los centros hospitalarios tienen una buena oportunidad para colaborar e intentar limpiar su nombre?
Sin lugar a dudas. Y en ese sentido, el Colegio de Médicos de Gipuzkoa mostró recientemente su completa disposición a colaborar con la Justicia. Creemos que no cabía esperar otra cosa de un colectivo como el médico, cuya inmensa mayoría actúa con una profesionalidad intachable. Salvo deshonrosas excepciones, los médicos hacen una labor maravillosa, que es el cuidado de las personas pero, desgraciadamente, eso no quiere decir que no haya manzanas podridas.
Esperamos que las clínicas que se han visto envueltas nos ayuden a que los responsables paguen por lo que hicieron.
¿Y cómo es la relación con la Iglesia?
El Arzobispado de Donostia nos ha recibido al menos tres veces. Mostraron voluntad para colaborar, aunque es verdad que ese ánimo de ayudarnos se vio difuminado, por lo visto, por la Ley de Protección de Datos, después de que lo consultaran con los servicios jurídicos.
No tenemos datos para decir que la Iglesia como tal estuviera implicada en esos lodos, pero sí es cierto, y a nadie se nos escapa, que en aquella época parte del personal sanitario era a su vez personal religioso. Tratamos que caiga sobre ellos todo el peso de la Ley, sin mirar si llevaban sotana o alzacuello.
Insisto, aunque a día de hoy no tengamos datos como para implicar a la Iglesia como institución, no quiere decir que no hubiera personas que se lucraran de esta manera tan desalmada.
El pasado 27 de enero se cumplió un año desde la primera denuncia colectiva. ¿Sienten que la sociedad y las instituciones han despertado ahora?
Todo este boom mediático y social ha surgido a raíz de la exhumación de los Losa-Ocáriz en Donostia y, por mucho que haya sido un año más tarde, si la sociedad tiene conciencia y el estamento político se implica, pues bienvenido sea. No creemos que lleguen tarde, pero no les estamos diciendo nada que no les dijéramos hace ocho meses. Ahora parece que están cogiendo conciencia de lo que verdaderamente es.
No necesitamos que nos digan que «esto es muy fuerte» o que «cómo se ha podido hacer esto», porque todo esto ya nos consta. Lo que necesitamos es que nos ayuden económica y materialmente.
Parece que en las Juntas Generales de Gipuzkoa se va a aprobar una moción de apoyo a la asociación en torno a esta trama y lo recibimos con mucha ilusión, Pero en esas Juntas Generales, si se aprueba el documento por unanimidad y todo apunta a que así va a ser, los partidos que lo componen gobiernan el 100% de los ayuntamientos guipuzcoanos; por lo tanto, no nos sirve que nos apoyen en las Juntas y que no lo hagan después en el Ayuntamiento X de Gipuzkoa.
Agradecemos todas las ayudas recibidas, pero es hora de que eso se materialice en hechos concretos.
Según estimaciones de SOS Bebés Robados, los casos pronto alcanzaran el millar. Algunos ya se están investigando, pero otros se han archivado. ¿Qué ocurre con estos últimos?
Cuando se archiva un caso se decreta el auto de sobreseimiento provisional. Es, por decirlo de alguna manera, como un archivo temporal, aunque como cualquier otro auto judicial se puede recurrir. Esto quiere decir que se pueden abrir en cualquier momento en el que haya un nuevo indicio de culpabilidad. Por lo tanto, los casos se archivan en tanto en cuanto no tengamos algo nuevo que refuerce los indicios de criminalidad que ya teníamos de antes. No es un auto firme. De hecho, ha habido algún caso que se archivó y que, a través de un recurso de reforma y de apelación, se ha vuelto a abrir.
Voluntad, que todo esto no caiga en el olvido... ¿Cuáles pueden ser las llaves para arrojar algo más de luz?
Me atrevo a decir que a día de hoy no hay falta voluntad por parte de nadie. Quizás sí que en un pasado no muy lejano había alguna carencia en ese sentido; no por querer encubrir algo, según nos consta, sino porque no tenía la relevancia social y el eco mediático que tiene actualmente.
Pero, además de la voluntad, es fundamental dejar trabajar a la Fiscalía y a los jueces. Tenemos la esperanza de que al final se llevarán a cabo numerosas investigaciones y que estas llegarán a buen puerto.
¿Qué quiere decir con que llegarán a buen puerto?
Que al final se pueda abrir, si cabe la expresión, un juicio al uso, es decir, que las investigaciones que se están realizando arrojen luz y que se pueda imputar a los presuntos culpables de esta trama para que finalmente paguen lo que la Ley considere que tienen que pagar.
(Gara. 8 / 02 / 2012)
