El diputado del PNV en el Congreso arremete contra la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que, en cuestión de treinta y tres días, pasó de ser el campeón de la lucha antifranquista a convertirse en el rompedor de las ilusiones de miles y miles de familias de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Garzón ha enterrado las expectativas de muchísima gente con el argumento de que Franco está muerto.
Sabíamos que su iniciativa iba a terminar así. Cuando comenzó el procedimiento su jurisdicción estaba limitada, ya que era obvio que no podía juzgar a Franco y a los 44 miembros de sus gobiernos 
porque están muertos y, por tanto, queda extinguida la responsabilidad penal contra ellos. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas.
porque están muertos y, por tanto, queda extinguida la responsabilidad penal contra ellos. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas. Ha sido un mazazo para los familiares.
Yo le diría a la gente que no debería sentirse decepcionada ya que Garzón no iba a aportar más de lo que puede aportar la Ley de Memoria Histórica. Encontrar a los familiares, buscar los restos, buscar las historias familiares en los archivos... todo eso lo posibilita la Ley. Garzón se fija en unas cuantas fosas afectadas por una denuncia que le llega a él, pero hay muchas más. Y el Gobierno español, según la Ley, tiene obligación de hacer un mapa de fosas exhaustivo de todo Estado.
Siendo obvio que el recorrido de su auto iba a ser imposible, ¿a qué cree que se debió su autodesignación?
Más allá del show al que nos tiene acostumbrado Garzón, no alcanzó a ver el porqué. Ni siquiera en el caso de que algunas personas quieran ir más allá y quieran tener acceso a los tribunales de justicia porque entienden que puede haber alguna responsabilidad por parte de algunas personas. También en este caso, la Ley de Memoria Histórica permite ir a la justicia.
Amnistía Internacional calificó esta ley como una ley de punto final.
Cuando fue presentada por el PSOE la Ley no permitía esta vía judicial, pero, gracias a una enmienda del PNV, se introdujo una disposición adicional segunda que hace posible el camino judicial. Así pues, Garzón sólo podría juzgar a los que encabezaron la rebelión del 36, pero una vez que queda certificada la muerte de todos ellos, se inhibe y traslada el asunto a los juzgados territoriales.
Garzón asumió la competencia para investigar los crímenes de las dictaduras de Chile o Argentina, pero durante tiempo escurrió el bulto en el caso de la dictadura española.
En todo esto ha tenido mucho que ver su personalidad; supongo que pensó que si pudo entrar en las situaciones de Chile o Argentina también podría hacerlo aquí. Se ha comprobado que él no podía hacerlo. Pero la justicia española, concretamente el Tribunal Supremo, sí podría, en base a la Ley de Memoria Histórica, juzgar una denuncia contra personas concretas que todavía vivan. Sin embargo, esta posibilidad tiene un obstáculo: la Ley de Amnistía. La vía factible es hacer que los convenios internacionales de derecho se superpongan a la ley estatal. Es muy difícil y sería un proceso muy largo que tendría que abrir un juez para que luego el Supremo pudiera pronunciarse.
¿Qué destino les depara esto a las familias de las víctimas?
Lo curioso de todo esto es que, por ejemplo, la excavación de las fosas y exhumación de los restos lo puede hacer la Administración. De hecho la Ley contempla que las diferentes administraciones pueden y deben actuar en el ejercicio de investigar, localizar e identificar esas fosas y ayudar a las familias en ese fin, incluso con subvenciones, Además, se encarga de la reparación económica a las víctimas y de facilitar una declaración de ilegitimidad de las condenas de los jueces franquistas.
Sin embargo, colectivos de familiares de víctimas se han mostrado escépticos con la Ley.
Creo que algunos colectivos bastante ligados a algunos grupos políticos insistían en que se anularan las sentencias de los jueces franquistas. Esto era muy complicado desde muchos puntos de vista. Nosotros, por ejemplo, conocemos casos de personas que se negaban a que un tribunal español anule su sentencia, ya que para ellos es un orgullo que Franco les hubiera condenado a muerte. Estos colectivos no se sumaron al consenso de la Ley y ahora han querido revolver en el ámbito judicial porque creen que se ha quedado corta. Es cierto que queda fuera de la Ley la condena del dictador y sus colaboradores, pero también es verdad que eso es imposible, como ha quedado comprobado. Pero, al menos, hemos dejado ese camino abierto.
¿Cómo podría darse ese caso?
No estoy muy seguro de que el camino sea la Audiencia Nacional, sino, a partir de un caso concreto, yendo de tribunal en tribunal.
Otra vía podría ser una comisión de la verdad.
Estaría bien, pero no hay consenso suficiente. Además, entraña complicaciones, ya que habría que delimitar las fechas objeto de la comisión -la preguerra, la guerra y/o la posguerra- y también los lugares porque, según donde miremos, encontraremos tropelías en los dos bandos. La ventaja de la Ley de Memoria Histórica es que reconoce como destinatarios de la reparación sólo al bando perdedor de la Guerra Civil.
En otros países, con situaciones parecidas, sí se han creado comisiones de la verdad. Y han dado buenos resultados.
Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarla, pero creo que no tendría apoyo suficiente en el Estado, ya que no la apoyarían ni el PSOE ni el PP. Los socialistas no se atreven a dar ese paso. Si lo dieran, votamos a favor ahora mismo.
Sería un síntoma de salud y madurez democrática.
Sin duda, pero parece que hay miedo a conocer la verdad, algunos pensarán que es mejor dejarla estar. Más aún, diría que hay una parte de la población española que sigue considerando a los franquistas parte de su gente. Además, todavía quedan vivos algunos a los que en la transición se les mantuvieron sus prebendas. El PSOE hizo su apuesta, pero ahora se debería hablar con tranquilidad porque no existen aquellos poderes fácticos que podían hacer tambalear el régimen.
¿Y por qué no se hace?
Por una parte, creo que el PSOE quiere hacerlo, porque se lo debe a su gente; pero, por otra, se encuentra incómodo desde una posición de gobierno.
Invalidada la vía de Garzón, ¿qué pasos han de seguir los familiares vascos de las víctimas para recuperar los restos o reparar la dignidad y la verdad?
En primer lugar, decirles que tienen todos los archivos abiertos para buscar los datos. Además, si conocen donde está la fosa, han de hablar con el ayuntamiento, la diputación, el Gobierno vasco o, sobre todo, el Ejecutivo español que tiene una obligación directa para activar la ley y financiar la localización.
"La Ley obliga al Estado a ayudar a las familias a indagar, identificar y localizar a las víctimas"
"La Ley de Amnistía hace muy difícil que se actúe contra personas concretas".
(Deia. 23 / 11 / 08)
